Murcia, 23 dic (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto al alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del PP y al concejal del Partido Independiente por Mazarrón, Domingo Valera, del delito de malversación de caudales públicos por el que fueron juzgados a principios de este mes.
Tambien ha sido absuelto el que fuera tesorero municipal Pedro Sánchez, que fue acusado, al igual que Blaya y Valera, del delito de malversación por los pagos a cuenta realizados a éste último entre septiembre de 2003 y agosto de 2005, que superaron los 30.000 euros.
El fiscal acusó inicialmente a los tres imputados de un delito de prevaricación y de un delito continuado de malversación y pidió para Blaya seis años de prisión y para los otros dos cinco años y cinco meses.
En la vista oral el Ministerio Publico modificó su acusación y retiró el delito de prevaricación.
La Seccion Segunda de la Audiencia provincial en su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Montalbán, señala que "hay que partir del dato esencial de que no existe una normativa legal en torno a la entrega de anticipios por parte de la Corporación a los concejales liberados, como era el caso de Valera, y con cargo a sus remuneraciones".
Al analizar la conducta del alcalde Francisco Blaya al acordar la concesión de estos anticipos a Valera, el Tribunal afirma que "la forma de proceder no es contraria a derecho por cuanto no existe una norma que prohiba esta forma de actuar que en absoluto se adivina como ilícita, siendo habituales los anticipos a funcionarios y personal laboral".
La sentencia señala asimismo que "tampoco puede decirse que se actuase al margen de cualquier procedimiento ya que no existía ninguno específico".
En cuanto al posible daño producido al erario público, el Tribunal comenta que "tal perjuicio no ha existido por cuanto Valera reintegró a las arcas municipales el importe de todos los anticipos que había recibido".
Al respecto añade que "se comenzaron las amortizaciones y finalmente el total percibido antes de expirar el mandato del concejal, límite temporal, según el informe aportado, y que parece aceptable. En cualquier caso, y de no haber sido así, el Ayuntamiento hubiese ostentado un crédito ejecutable contra el patrimonio del concejal". EFE
